La decisión
también cobija a los exsecretarios General, Juan Carlos Espinosa Vargas; y de
Medio Ambiente, Heyner Mancera Rincón; al ex gerente de Aguas, Jorge Norberto
Ferreira Ballesteros; y al ex jefe de la Unidad de Aguas, Luis Arturo Cabrera
Ospino.
Al parecer
los investigados habrían omitido contemplar en el convenio para la construcción
de la planta de tratamiento de lixiviados, que el sitio donde se pretendía
desarrollar la obra estaba invadido.
Con esta
conducta se habría podido afectar la prestación eficiente del servicio público
de aseo a la comunidad, ante la presunta imposibilidad de ejecutar la obra en
el área inicialmente prevista.
Para la PGN
los investigados podrían haber vulnerado el artículo 365 de la constitución,
que dice: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional”.
El órgano de
control calificó provisionalmente la falta de Bueno Altahona como grave a
título de culpa grave, y la de los demás investigados como gravísima a título
de culpa gravísima.
A los
involucrados les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar
pruebas conducentes a su defensa.
Fuente: Prensa
PGN.
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de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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